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El viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna, informó que este martes iniciaron la destrucción de tumbas de supuestos pandilleros que tienen imágenes o símbolos relacionados con estas estructuras delictivas.
“Ningún terrorista merece ningún reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos”, escribió Luna en su cuenta de Twitter.
Según confirmó el gobierno, fueron reos en la fase procesal de confianza, integrantes del programa penitenciario "Yo cambio", quienes destruyeron varias sepulturas en el cementerio de Santa Tecla, a unos 10 kilómetros de San Salvador.
Luna añadió en Twitter que “los terroristas ‘honraban’ y colocaban flores a sus integrantes”.
“En este país, las pandillas ya no tienen cabida”, concluye el funcionario en su tuit.
Los terroristas "honraban" y colocaban flores a sus integrantes, en el cementerio de Santa Tecla.
Ningún terrorista merece ningún reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos.
En este país, las pandillas ya no tienen cabida.#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/AT3ggqzZGe
— Osiris Luna Meza (@OsirisLunaMeza) November 1, 2022
Según las autoridades, los restos de los fallecidos continuarán en el mismo lugar. Sin embargo, los familiares ya no podrán colocar ningún mensaje o imagen relacionada a maras o pandillas.
Cabe recordar que el gobierno del presidente Nayib Bukele también ha llevado a cabo jornadas de borrados de grafitis para evitar que las pandillas pinten mensajes que generen temor entre la población.
Las autoridades dicen que estas medidas forman parte de lo que llaman “guerra contra las pandillas”, una política puesta en marcha desde que a fines de marzo pasado un repunte de violencia dejó 62 asesinatos en un solo día. En ese momento, las autoridades culparon de esas muertes a las pandillas.
En respuesta a las medidas oficiales, y a petición del gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de marzo el régimen de excepción, que ha sido prorrogado en siete ocasiones por periodos de 30 días. El último fue aprobado por la Asamblea el pasado 14 de octubre. Las autoridades dicen que, desde su vigencia, fueron detenidas más de 56.000 personas.
El régimen suspende garantías constitucionales, como la libertad de asociación y el derecho a la defensa, y extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional. Además, permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de la autorización previa de un juez.
